PRESENTACIÓN
El miércoles 11 de septiembre de 2024 se inauguró el XVIII Congreso Internacional de Arbitraje + JRD, organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP. La Secretaria General de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del Centro, Silvia Rodríguez Vásquez, dio la bienvenida y presentó el programa.
La doctora Silvia Rodríguez relató que esta edición del Congreso es muy especial, ya que el Centro cumple 25 años desde su creación; es decir, desde que la PUCP apostó por este servicio y el tiempo le dio la razón al volverse un Centro de Arbitraje referente.
Asimismo, agradeció al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, fundador del Centro, y a la actual directora, Marlene Anchanté Rullé, por ayudar a que el trabajo se realice de manera eficiente y ética.
Adicional a ello, indicó que el Congreso cumple 18 años de realizarse de manera ininterrumpida, pues a pesar de la pandemia, se ha seguido escuchado a cientos de profesionales nacionales y extranjeros debatir temas de actualidad no solo de arbitraje, sino también a otros mecanismos relativos a la solución de controversias.
La Secretaria General agradeció también al doctor Mario Castillo Freyre y a su estudio por recoger año a año las ponencias del Congreso y este año se presentará las actas de arbitraje y JRD del Congreso del año 2023.
Asimismo, la Secretaria General de Arbitraje indicó que es importante reflexionar sobre lo que viene ocurriendo en el sistema arbitral peruano. En especial en el arbitraje donde interviene el estado peruano, debido a que indicó que no es un secreto que el espléndido desarrollo del arbitraje en el Perú se ha debido a la elección del Estado Peruano de resolver sus diversas controversias a través de este mecanismo, lo que ha llevado a alcanzar una masificación del arbitraje que ha traído consecuencias positivas, así como también desafíos y retos.
Se presenta una panorámica del programa del XVIII Congreso Internacional de Arbitraje + JRD y cómo se han estructurado las seis mesas temáticas. La Secretaria General finaliza su intervención reiterando su agradecimiento y deseando éxitos para esta nueva versión del Congreso Internacional de Arbitraje + JRD de la PUCP.
La presente mesa inició con las palabras de bienvenida del moderador Gastón Fernández Cruz, quien agradeció la invitación al Congreso y señaló la dinámica de cómo se desarrollaría primera mesa.
A continuación, el doctor Christian Basaldúa Chincha inició su ponencia señalando que, como en toda investigación, se tiene que partir por una pregunta, la cual en este caso sería ¿debe exigirse como requisito previo para plantear un reclamo de responsabilidad civil contra el árbitro que el laudo que ha emitido sea anulado? Al respecto mencionó que la respuesta es no, por lo menos, no a todos los casos.
En ese sentido, señaló que para desarrollar la respuesta había que realizar tres precisiones importantes. La primera es que el laudo arbitral es inapelable. La segunda es que las causales de anulación del laudo que regula la ley peruana son puntuales, a tal modo que solamente por esas causales se puede anular el laudo. Y una tercera es que no toda anulación del laudo da necesariamente lugar a un daño resarcible bajo la responsabilidad civil.
Entonces cabe preguntarse acerca de ¿qué sucedería si se exigiera que para cualquier reclamo de responsabilidad civil se tenga que exigir previamente que el laudo emitido por el tribunal sea anulado? Pues habría dos consecuencias claras. Una que se estaría limitando los supuestos potenciales en los que el árbitro puede incurrir en responsabilidad y lo segundo es que se estaría estableciendo un efecto temporal muy importante.
En resumen, el doctor Basaldúa indicó que no es lógico, ni razonable ni mucho menos deseable exigir de manera general para todos los casos de responsabilidad civil que previamente se haya anulado el laudo.
Luego, se dio el pase a la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca, quien inició su ponencia señalando acerca de la problemática en torno al control difuso en el arbitraje y la responsabilidad civil de los árbitros en el Perú.
En ese sentido, indicó que existen prácticas inapropiadas en el mundo arbitral, ya que se está utilizando de manera incorrecta facultades del control difuso especialmente en arbitrajes de emergencia. Esto ha derivado en varios problemas como en resoluciones que aplican de manera excesiva garantías como la contra cautela afectando de derechos fundamentales como la igualdad y la tutela judicial.
Asimismo, la doctora Jiménez indicó que existe normativa aplicable como el Decreto de Urgencia N°020-2020 que estableció requisitos para medidas cautelares que en algunos casos se podría considerar la exigencia de una carta fianza como excesiva. Adicional a ello, comentó sobre un caso específico en el cual aplicó el control difuso para señalar que esa exigencia violaba derechos fundamentales.
Finalmente, la doctora Jiménez hizo una diferenciación entre los árbitros legítimos que actúan conforme a la normativa y aquellos que, al operar fuera del marco adecuado, deberían ser considerados responsables civilmente.
Después de ello, se dio pase al doctor Luis Felipe Bramont- Arias Torres, quien inició su ponencia señalando las diferencias entre el ilícito civil que genera responsabilidad y el ilícito penal que genera responsabilidad penal. El doctor Bramont- Arias indicó que a pesar de que son ámbitos diferentes, el proceso penal puede vincular a ambos porque en un juicio penal si se condena por delito, también se puede determinar una reparación civil.
Asimismo, indicó que existen tres escenarios posibles en los que un árbitro es procesado penalmente 1) condena sin reparación civil cuando no hay un actor civil involucrado, 2) condena con reparación civil si el actor civil se une al proceso penal y 3) absolución penal, pero imposición de responsabilidad civil.
Finalmente, el doctor Bramont- Arias señaló que, aunque un árbitro no tiene una función jurisdiccional como un juez del Estado, puede cometer ciertos delitos, como la violación del secreto profesional o actos de corrupción. Por lo que, si los árbitros fueran considerados funcionarios públicos, podrían ser sancionados también por usurpación de funciones.
Como último ponente de la mesa, el doctor Héctor Campos García, comentó acerca de la responsabilidad civil del árbitro en el contexto de las medidas cautelares, por lo que, dividió su exposición en tres puntos importantes.
Primero, explicó acerca de las razones para una reflexión sobre la responsabilidad del árbitro en medidas cautelares. Segundo, comentó acerca de la problemática general sobre la responsabilidad civil del árbitro.
Finalmente, el doctor Campos expuso varios casos prácticos para ilustrar situaciones en las que podría haber responsabilidad del árbitro por la emisión de medidas cautelares de oficio o cuando estas medidas cautelares afectan a terceros. Por último, el ponente indicó que la confianza en los árbitros y el arbitraje es esencial y que el manejo de las medidas cautelares refleja este nivel de confianza.
La presentación inició con las palabras de la doctora Silvia Rodríguez quien agradeció al doctor Mario Castillo Freyre y a su estudio por el apoyo incondicional brindado a lo largo de estos 18 años en los que se ha organizado el Congreso de Arbitraje. Asimismo, indicó que atrás de cada uno de esos libros existe un trabajo de muchas personas que ayudan para la difusión necesaria del arbitraje.
La doctora Rodríguez indicó que estos libros son testigos válidos del desarrollo del sistema arbitral y que ello se puede comparar revisando desde el libro uno hasta el último libro presentándose en este Congreso.
Luego, se otorgó la palabra al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, quien brindó también unas palabras de agradecimiento al doctor Mario Castillo Freyre por no solo apoyar en la formulación o la elaboración de los libros, sino en la elaboración misma del congreso desde el inicio.
Asimismo, del doctor Guzmán Barrón indicó que estos congresos han servido mucho para realizar propuestas y continuar con la difusión de ideas que se pueden escuchar en las diferencias ponencias que se realizan. Por lo que, recalca la importancia de la institucionalización del arbitraje y la lucha contra la corrupción en este ámbito también.
Por último, el doctor Mario Castillo Freyre agradeció la oportunidad de poder colaborar con el Centro al presentar este ejemplar de Actas del XVII Congreso Internacional de Arbitraje y JRD 2023 PUCP.
La moderadora Lupe Bancayán Calderón introdujo la mesa señalando que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse e incluso forma parte ya de la vida diaria. Asimismo, indicó que en el campo del arbitraje la inteligencia artificial ha ido avanzando a tal punto que en el Perú contamos desde el 2023 con una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial.
A continuación, se le dio la palabra al doctor Ricardo León Pastor quien a través de una dinámica con el público expuso como la inteligencia artificial ha revolucionado todo e indicó que iba a seguir revolucionando incluso en el arbitraje. Y en ese marco, consultó ¿para qué serviría como abogados, árbitros, los usos de los sistemas de inteligencias artificiales?
El doctor León para poder responder esa pregunta, ejemplificó con el uso de la IA cómo se podía analizar un laudo arbitral a tal punto de poner incluso que toda la información sea organizada en un cuadro que indique anexos, argumentos, entre otros aspectos importantes que podían incluir hasta críticas que sirvan para mejorar el laudo arbitral.
En resumen, el doctor Ricardo León señaló que las herramientas son poderosas, por lo que, hay que aprender a usarlas y tener cuidado para utilizarlas de la mejor manera posible.
Luego, se dio el pase al doctor Erick Iriarte Ahon, quien inició su ponencia preguntando ¿quiénes del público utilizaban inteligencia artificial? ¿quién del público usa chat GPT? y comentó que muchas cosas de las cuales se viene haciendo desde hace 15 años ya tienen inteligencia artificial como por ejemplo en los call centers y sistemas de reconocimientos. Asimismo, indicó que, si bien la inteligencia artificial no es nueva, se ha dado un avance considerable desde sus inicios.
El doctor Iriarte indicó también que la inteligencia artificial como software refleja las intenciones y fallos de los humanos que realizan las programaciones, lo cual conlleva a que las respuestas erróneas puedan afectar incluso en procesos judiciales al depender solo de la información proporcionada. Por lo que, precisa que es importante el uso ético de la tecnología para un mejor uso de la IA.
Finalmente, el doctor Erick Iriarte abordó acerca de la legislación que existe sobre la inteligencia artificial en el Perú y las limitaciones actuales de la IA precisando que si bien es una herramienta poderosa, sigue estando sujeta a los sesgos humanos y no puede reemplazar completamente el juicio humano.
Después, se le dio el uso de la palabra al ingeniero José Carlos Machicao Valencia, quien inició su ponencia relatando sobre el uso de la inteligencia artificial en la resolución de problemas complejos, con un enfoque particular en el campo del arbitraje. El ponente presenta una estructura organizada en dos ejes: el nivel cognitivo del reto y el grado de automatización, y cómo se pueden aplicar algoritmos de IA para diferentes tipos de tareas, desde las más simples hasta las más complejas, como la interpretación y el razonamiento crítico.
Respecto a los niveles cognitivos, el ingeniero Machicao clasifica los retos desde el nivel bajo, intermedio y alto, siendo los más altos retos más complejos que involucran interpretación crítica y reflexiva, propios de funciones humanas, y, por lo tanto, más riesgosos. Asimismo, clasifica los grados de automatización en alta automatización o automatización leve o nula. Por otro lado, hace mención de algunos ejemplos como la extracción de textos con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), el uso de JSON para estructuración de argumentos, Whisper, MetaMate y Crude AI.
Finalmente, propone no depender de un único «prompt» (instrucción) complejo, sino usar una red de «prompts» que distribuyan la carga cognitiva. Resalta la importancia de combinar los resultados de la IA con el conocimiento y experiencia del árbitro humano, incluyendo principios como equidad y contexto social. Y da ejemplos de cómo la IA puede facilitar la generación de laudos y la interpretación de datos mediante prompts concatenados y gráficos estructurados.
En resumen, la ponencia destaca cómo los avances en IA pueden apoyar procesos complejos, pero subraya la importancia de una colaboración entre IA y humanos, especialmente en tareas de alta cognición, como el arbitraje.
Como última ponente de la mesa, la doctora Verónica Rojas Montes, inició su ponencia con tres premisas importantes 1) la IA no razona como un ser humano, 2) la IA no es un ser humano y 3) la IA no sustituye el criterio del/de la abogada/a. La IA se basa en redes neuronales donde cada una de las neuronas corresponde a un pixel y se le asigna a un valor. Sin embargo, la IA al trabajar con modelos de lenguaje extensos, trabaja con grandes cantidades de datos y probabilidades, lo cual puede tener problemas de precisión y confiabilidad.
En ese sentido, la doctora Rojas indicó que se debe realizar un uso responsable de la IA en dos dimensiones. Primero, antes de usar la IA, se debe evaluar los riesgos como la confianza excesiva y las limitaciones técnicas. Segundo, durante el uso de la IA, se debe seguir reglas para garantizar la transparencia, supervisión humanada, resguardar la integridad de la prueba y del proceso, garantizar el debido proceso y la responsabilidad y diligencia.
Finalmente, recomendó que se aprueben directrices para el uso responsable de la inteligencia artificial en el arbitraje, ya que es fundamental usar la IA de manera responsable teniendo en cuenta los riesgos que pueden producirse en el proceso.
El jueves 12 de septiembre de 2024 continuó el XVIII Congreso Internacional de Arbitraje + JRD, organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP. El doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, fundador del Centro, dio la bienvenida a la segunda jornada del congreso y presentó el programa.
La presente mesa inició con las palabras de bienvenida del moderador César Guzmán Barrón Sobrevilla, quien agradeció la invitación al Congreso y señaló la dinámica de cómo se desarrollaría tercera mesa, dividiéndola en dos rondas:
A continuación, el Dr. Gonzalo García Calderón Moreyra inició su ponencia, abordando la problemática de la proliferación de centros de arbitraje y la efectividad de las normas, para garantizar que dichos centros operen con ética e imparcialidad; asimismo, argumentó que, aunque el número de centros de arbitraje ha crecido exponencialmente, no todos son capaces de operar de manera eficiente, y el mercado, en teoría, debería eliminar a los centros ineficientes.
El problema principal, según el doctor García Calderón, no radica en el arbitraje privado, donde las partes seleccionan cuidadosamente centros serios, sino en el arbitraje con el Estado. Señala que, a menudo, el Estado elige centros de baja calidad o «piratas», lo que genera la mayoría de los problemas en los arbitrajes. Esto no debería ocurrir si se aplicaran estándares más altos y prácticas rigurosas en la selección de centros.
En cuanto a los requisitos legales, el doctor García Calderón critica que simplemente cumplir con ciertos requisitos formales (como experiencia o códigos de ética) no garantiza la calidad de un centro de arbitraje. Lo que realmente importa, en su opinión, son tres factores fundamentales: transparencia, confiabilidad y seguridad. Estos aspectos incluyen prácticas como la designación transparente de árbitros, costos predecibles, formación especializada, y una plataforma que asegure la legalidad y calidad del proceso.
Para concluir, el doctor García Calderón deja abierta la pregunta de si el mercado es suficiente para regular esta situación o si el Estado debería intervenir más para garantizar que solo operen los centros de calidad.
Después de ello, la doctora Silvia Rodríguez se enfocó en los retos y desafíos que enfrentan las instituciones arbitrales en relación con la incorporación y el mantenimiento de árbitros en sus nóminas, en el contexto de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069). La doctora Rodríguez expone varios puntos críticos sobre cómo esta ley cambia la dinámica entre árbitros e instituciones arbitrales, resaltando la necesidad de confianza y rigurosidad en la selección y confirmación de árbitros.
Entre los principales desafíos que menciona:
La doctora Silvia Rodríguez concluye que la nueva ley supone un cambio en la relación entre árbitros e instituciones arbitrales, en la que las instituciones ahora tienen una mayor responsabilidad de supervisar y sancionar a los árbitros cuando sea necesario. Esto requiere un cambio de mentalidad en ambas partes, y aunque la ley busca aumentar la transparencia y la calidad, la doctora Silvia Rodríguez expresa preocupación por la falta de protección para las instituciones serias frente a los riesgos que este nuevo marco legal impone.
A continuación, el doctor Walter Albán reflexionó sobre el impacto de las normativas y la corrupción en los procesos arbitrales, específicamente en la contratación pública en Perú. Responde a una pregunta sobre si la nueva ley puede evitar la corrupción en estos procesos, y aunque sostiene que los requisitos establecidos no garantizan por sí mismos la eliminación de prácticas corruptas, enfatiza que el problema de fondo es la corrupción estructural que afecta tanto al sector público como al privado.
Asimismo, el doctor Albán menciona que, a pesar de los intentos de regulación, el arbitraje en Perú ha evolucionado en un contexto de sobre-regulación, lo que ha generado contradicciones e inconsistencias en las normas. Critica que las modificaciones a la ley de contrataciones públicas han distorsionado la lógica del arbitraje comercial, creando una «esquizofrenia» entre las normas que rigen el arbitraje en el ámbito público y privado. También subraya la importancia de evitar la corrupción en el arbitraje, señalando que la corrupción ha avanzado significativamente en este campo.
Propone que se debe regular de manera independiente el arbitraje en el ámbito de la contratación pública, separándolo del arbitraje comercial, para evitar confusiones y garantizar que las normas sean claras y coherentes. Además, critica la proliferación de centros de arbitraje que no pasan por un adecuado filtro o supervisión, sugiriendo que estos contribuyen a las irregularidades en los procesos arbitrales.
El doctor Albán resaltó que, aunque se han implementado códigos de conducta y regulación, estos no son suficientes para combatir la corrupción. Insiste en que es el funcionamiento del sistema, más allá de los requisitos formales, lo que debe ser vigilado y corregido para lograr un arbitraje más limpio y justo.
Para finalizar la primera ronda, el doctor Roger Rubio presentó su ponencia abordando el tema de la transparencia en el arbitraje, destacando los avances recientes impulsados por instituciones como la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París. A continuación, se resumen sus principales puntos:
En su segunda intervención, el doctor Gonzalo García Calderón expresó sus críticas y preocupaciones sobre las recientes normativas que afectan el arbitraje, con un enfoque particular en la interferencia del Estado en el arbitraje privado. A continuación, se destacan los puntos principales de su ponencia:
En resumen, el doctor Gonzalo defiende la autonomía del arbitraje privado, critica la intervención estatal y destaca la necesidad de transparencia y competencia entre centros de arbitraje de alta calidad.
Seguidamente, la doctora Silvia Rodríguez, en su segunda intervención, abordó los problemas relacionados con el arbitraje estatal en el Perú, específicamente la proliferación de centros de arbitraje y la falta de supervisión adecuada. A continuación, se resumen los puntos principales:
En resumen, la doctora Silvia Rodríguez criticó la falta de supervisión y regulación en el sistema de arbitraje estatal, lo que ha permitido la creación de centros de dudosa calidad, y señala la necesidad de que las instituciones arbitrales serias se fortalezcan y mantengan altos estándares éticos y de calidad.
Posteriormente, en su segunda intervención, el doctor Walter Albán aborda varios temas relacionados con la ley de contratación pública y el arbitraje en el Perú. Entre los puntos clave, destaca que la nueva ley excluye controversias relacionadas con concesiones y alianzas público-privadas, lo que él considera un descuido, ya que son áreas críticas en las que debería prestarse atención a los arbitrajes.
Asimismo, el doctor Albán elogia algunos aspectos positivos de la ley, como la eliminación del RNA (Registro Nacional de Árbitros) y la transferencia de responsabilidades a los centros de arbitraje. Sin embargo, señala que la ley deja muchos temas al reglamento, lo cual considera peligroso, ya que podría distorsionar las reglas.
El doctor Albán expresa su preocupación por una posible sobrerregulación del arbitraje y aboga por un enfoque más proactivo de las instituciones privadas para influir en las políticas públicas, especialmente en temas de arbitraje relacionado con la contratación estatal. Menciona que, en Perú, una gran mayoría de los arbitrajes están vinculados a la contratación pública, lo que hace necesario abordar este tema con especial cuidado.
Luego, el doctor Albán propone un sistema de autorregulación que reduzca la intervención del Estado, con un código ético unificado para todos los centros de arbitraje y un único tribunal de ética para manejar las transgresiones. También sugiere que los árbitros sean designados por las instituciones arbitrales en lugar de las partes, con una mayor transparencia en las designaciones y un registro centralizado de las actividades de los árbitros.
Por último, el doctor Albán enfatiza la importancia de establecer criterios estrictos para la selección de árbitros y de crear un club de centros de arbitraje que mantenga estándares elevados, invitando a otras instituciones a unirse a este esfuerzo para mejorar el sistema arbitral en el país.
Después, en su segunda intervención, el doctor Roger Rubio aborda varios puntos clave sobre el arbitraje y la contratación pública en el Perú, haciendo énfasis en los problemas que enfrenta el sistema y proponiendo soluciones.
Primero, el doctor Rubio menciona que los problemas de corrupción existen tanto en el sector público como en el privado. Explica que la ley de contrataciones ha abierto la posibilidad de que los privados elijan cualquier centro de arbitraje, lo que ha permitido situaciones en las que el Estado se ve obligado a acudir a centros sin experiencia o con árbitros cuestionables. Esto, sumado al uso de medidas cautelares y árbitros de emergencia, ha generado problemas, especialmente en la contratación pública.
El doctor Rubio señala que uno de los grandes problemas está en la forma en que se estructura el arbitraje en el país. La masificación del arbitraje, en la que un 80% de los casos provienen de la contratación pública, ha generado una sobreoferta de centros de arbitraje y árbitros, muchos de los cuales buscan lucrar sin mantener altos estándares de calidad. También menciona que el sistema actual de contratación pública en el Perú está sometido a un arbitraje obligatorio, lo que afecta tanto proyectos pequeños como grandes infraestructuras. Otro de los puntos que menciona es la legitimidad de algunas instituciones públicas al seleccionar centros de arbitraje. Aunque algunas instituciones tienen listas de centros reconocidos por su prestigio, también se incluyen otros centros cuestionables, lo que aumenta la desconfianza en el sistema.
Por último, el doctor Rubio resalta que los problemas de corrupción y malas prácticas no son exclusivos del Estado. Recuerda casos como la red Orellana, que mostró cómo el arbitraje privado también puede ser utilizado para fines corruptos. Subraya la importancia de implementar mecanismos que eviten que tanto en el sector público como en el privado se enquisten mafias que manipulen el sistema de arbitraje. En resumen, enfatiza la necesidad de una mayor autorregulación, control de los centros de arbitraje y un enfoque integral que evite que las malas prácticas se perpetúen en ambos sectores, estatal y privado.
Continuando con el programa del congreso, la Mesa 4 inició con las palabras de la moderadora Amalia Moreno, quien introdujo el tema sobre el futuro de las contrataciones con el estado, dando paso a los expositores.
Para iniciar, la doctora María Hilda Becerra abordó las deficiencias del sistema de arbitraje en el Perú, centrándose en cómo la nueva ley de contrataciones del Estado no ha resuelto los problemas fundamentales del arbitraje, como la sobre regulación y la distorsión de su esencia. A pesar de las ventajas inherentes del arbitraje, como su rapidez y neutralidad, la doctora Becerra critica que el marco normativo actual está alejando al arbitraje peruano de las mejores prácticas internacionales; asimismo, refiere que uno de los principales problemas que señala es la proliferación de centros de arbitraje. Refiere que actualmente hay 267 centros registrados en el país, pero solo 15 figuran en la plataforma de acceso para los usuarios. Además, el número de arbitrajes registrados ha disminuido significativamente, lo que refleja una desconexión entre la realidad del arbitraje y las cifras oficiales.
La doctora Becerra critica la incapacidad del Estado para supervisar la gran cantidad de centros de arbitraje en todo el país, muchos de los cuales operan en regiones remotas. Esta atomización del sistema complica el control de la calidad y la transparencia de los laudos arbitrales. Aunque la nueva ley establece requisitos para los centros de arbitraje, como la certificación de calidad y la supervisión por parte del OSCE, la doctora Becerra cuestiona si el Estado realmente tiene la capacidad de regular esta diversidad de instituciones.
Luego, la doctora Becerra concluye su participación, proponiendo soluciones como la creación de una cláusula modelo que obligue a las partes a elegir un centro de arbitraje específico y maduro, preferentemente respaldado por cámaras de comercio o colegios profesionales, y sugiere un proceso de transferencia de conocimiento para mejorar la gestión y calidad de los arbitrajes a nivel nacional.
A continuación, se dio la palabra al doctor Alfredo Soria, quien analizó la eliminación del Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA), una medida implementada por el Estado para solucionar problemas en la designación de árbitros, pero que, según él, terminó generando otros problemas más graves.
El doctor Soria explicó que el RNA fue creado porque algunas entidades del Estado designaban árbitros sin la idoneidad o experiencia necesaria, a menudo por lazos de amistad o familiares, lo que generaba desconfianza en el sistema de arbitraje. Para evitar esto, se impuso el RNA, limitando la designación de árbitros a una lista específica. Sin embargo, esta lista era demasiado corta, llegando a tener solo 38 árbitros, lo que provocó que algunos fueran designados repetidamente, generando más desconfianza y saturación de casos. Incluso, en algunos casos, los árbitros ya no aceptaban más designaciones, lo que complicaba aún más la situación. El doctor Soria considera positiva la eliminación del RNA, pero destaca que el problema de fondo sigue siendo la forma en que el Estado designa a los árbitros. Propone soluciones creativas inspiradas en prácticas internacionales, como que las instituciones arbitrales propongan una lista corta de árbitros y que las partes involucradas puntúen a estos para seleccionar el tribunal.
Concluyó su exposición señalando que esto legitimaría el proceso de designación y aumentaría la confianza en los árbitros. Sin embargo, aclara que este sistema solo funcionaría si existen instituciones arbitrales serias, éticas y eficientes.
Posteriormente, el doctor Ricardo Gandolfo aborda los cambios y retos que introduce la nueva Ley de Contrataciones del Estado en relación con las prestaciones adicionales en los contratos públicos. Destaca que, según la ley actual, las decisiones de las entidades o la Contraloría sobre la aprobación de prestaciones adicionales no pueden someterse a conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas, y los casos relacionados con enriquecimiento indebido o pago de indemnizaciones son competencia exclusiva del Poder Judicial.
Sin embargo, el doctor Gandolfo señala que la nueva ley introduce un cambio positivo al permitir que las controversias sobre prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí puedan ser sometidas a mecanismos alternativos como arbitraje o juntas de resolución de disputas. Esto abre la posibilidad de resolver más conflictos fuera del sistema judicial, lo que es visto como un avance.
Otro aspecto importante es que la nueva ley permite que las entidades aprueben directamente prestaciones adicionales de hasta un 30% del monto total del contrato, sin necesidad de la autorización previa de la Contraloría. Solo cuando los adicionales superen ese 30% y hasta un máximo del 50%, será necesaria la aprobación de la Contraloría. Gandolfo concluye que este cambio es una mejora, ya que reduce la intervención de la Contraloría, la cual, según él, no siempre cuenta con el conocimiento técnico necesario para decisiones específicas sobre obras.
Finalmente, critica el límite del 50% para prestaciones adicionales, señalando que este tope es la causa de la paralización de muchas obras públicas en el país, dado que el promedio de adicionales en proyectos suele ser cercano a ese porcentaje.
Seguidamente, se otorgó la palabra a la doctora Magaly Rojas, quien abordó los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema de arbitraje en el contexto de las contrataciones estatales, especialmente con respecto a la proliferación de centros de arbitraje y la confianza en el sistema. Señala que es crucial respetar la especialización de los sectores y limitar la intervención de la Contraloría General de la República, dado que sus decisiones, en muchos casos, no son adecuadas debido a la falta de conocimiento técnico en áreas específicas.
La doctora Rojas resaltó como positivo el hecho de que la nueva ley permite que diferentes niveles de autoridad dentro de una entidad puedan aprobar prestaciones adicionales, lo que agiliza los procesos. Sin embargo, subraya que aún existen muchos retos en el mundo del arbitraje, especialmente en términos de confianza en la ejecutabilidad de los laudos arbitrales.
Asimismo, presentó cifras que demuestran la desconfianza en el sistema: a pesar de que hay más de 1.6 millones de proveedores registrados en el Registro Nacional de Proveedores, solo una pequeña proporción termina contratando con el Estado. Esto se debe, en parte, a la percepción de que entrar en un proceso de contratación con el Estado es problemático, y si se llega a un arbitraje, el laudo muchas veces no se cumple.
La doctora Rojas identificó dos problemas clave que debilitan la confianza en el arbitraje:
La doctora Rojas concluye que es esencial fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el arbitraje para que el Estado pueda atraer más y mejores ofertas, lo que beneficiaría la reactivación económica y la participación de pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública.
Iniciando la segunda ronda, participaron seguidamente los doctores Alfredo Soria y Magaly Rojas, quienes abordaron varios aspectos del sistema de arbitraje, resaltando la importancia de mejorar la confianza y eficacia en este mecanismo, especialmente en el contexto de contrataciones con el Estado.
El doctor Soria propone diversas alternativas para la designación de árbitros, sugiriendo que las partes tengan mayor participación en este proceso mediante un sistema de puntuaciones que permita legitimar al tribunal. De este modo, las partes no sentirán que un árbitro ha sido impuesto por una institución arbitral sin el adecuado conocimiento o especialización en el caso.
Un tema central en su ponencia es la problemática de la eficacia del laudo, que actualmente depende de su publicación en plataformas como el SEACE o el PLADICOP, lo cual considera absurdo. Cuestiona que la validez de un laudo dependa de que sea publicado en una web, comparando esta situación con una notificación en redes sociales. Además, critica que este proceso impersonal y digital puede afectar la transparencia y genera ineficiencias, como dificultades técnicas al cargar los laudos. Sugiere que los laudos deberían presentarse en una mesa de partes del OSCE y ser sistematizados para facilitar su revisión futura y generar una mayor predictibilidad.
Propuestas del doctor Alfredo Soria:
Seguidamente, la doctora Magaly Rojas retoma el tema de la transparencia y la notificación electrónica, destacando la importancia de mirar hacia el futuro y aprovechar la digitalización para mejorar el arbitraje. Apoya la publicidad de los laudos como una forma de generar transparencia y confianza en el sistema, y menciona que en 2011 solo había 250 laudos publicados. También resalta que la notificación electrónica en plataformas como el SEACE es esencial para fortalecer la eficacia jurídica de las decisiones.
Asimismo, la doctora Magaly Rojas destacó lo absurdo de que la ley deba establecer que el cumplimiento de un laudo sea obligatorio, ya que debería ser una norma inherente. Propone que el cumplimiento de los laudos, especialmente los que implican obligaciones económicas, sea garantizado dentro del mismo ejercicio presupuestal o, en su defecto, en el siguiente, para evitar retrasos y generar confianza en los contratistas.
Propuestas de la doctora Magaly Rojas:
Ambos ponentes coincidieron en la necesidad de aumentar la transparencia, la predictibilidad y la eficacia en el arbitraje relacionado con contrataciones estatales. El doctor Alfredo Soria hace hincapié en el problema técnico de la publicación de laudos y la participación de las partes en la elección de árbitros, mientras que la doctora Magaly Rojas propone reformas para garantizar el cumplimiento de los laudos y evitar impugnaciones infundadas que solo retrasan los procesos.
Luego, en su segunda intervención, la doctora María Hilda Becerra reflexiona sobre la necesidad de transferir conocimiento y mejorar la calidad de la educación en el país como un elemento clave para mejorar el arbitraje y la gestión pública. A continuación, se resumen los puntos principales:
En resumen, la doctora María Hilda Becerra destaca la necesidad de mejorar la formación profesional y la transferencia de conocimiento como soluciones para fortalecer el arbitraje y las instituciones del país, insistiendo en que la educación es la base para un país viable.
Seguidamente, en su segunda intervención, el doctor Ricardo Gandolfo hace una serie de propuestas y comentarios críticos sobre la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente en relación al arbitraje. A continuación, se resumen los puntos clave:
Finalmente, el doctor Gandolfo cerró su ponencia con una reflexión crítica sobre algunos aspectos del arbitraje y sugiere que se tomen medidas prácticas y ajustadas a la realidad para mejorar el sistema actual.
El viernes 13 de septiembre, en el tercer día del XVIII Congreso Internacional de Arbitraje + Mediación y JRD se realizó la presentación de la mesa: “Experiencia acumulada a 8 años de las JRD”.
La moderadora de la quinta mesa fue la abogada y secretaria Arbitral Líder del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, Karina Ulloa Zegarra presentó un análisis sobre los procedimientos de Juntas de Resolución de Disputas (JRD) desde 2018. Del total de 88 casos administrados, el 61% sigue en trámite y el 39% ha sido cerrado, abarcando sectores diversos y distribuidos por todo el país. Se identificaron retrasos significativos en la formalización de contratos tripartitos, que afectaron la operación de las Juntas y la continuidad de los proyectos.
Sobre función resolutiva y preventiva de las JRD indicó que se registraron 569 controversias, con un promedio de 7.39 por procedimiento, pero solo se emitieron 39 opiniones no vinculantes, indicando un uso ineficaz de la función preventiva. Además, problemas con el pago de honorarios y tasas representaron un obstáculo crítico, ya que un gran número de casos se cerró por falta de pago, a pesar de que el costo de una JRD es bajo en comparación con el valor del contrato. Esto resalta la necesidad de resolver estos problemas financieros para mejorar la eficacia del mecanismo.
Con esta introducción y datos reales, la Dra. Ulloa Zegarra pasó a presentar al Dr. Gustavo Paredes Carbajal, quien comenzó la primera ponencia de la mesa. El Dr. Paredes, socio fundador de NPG Abogados y con una vasta experiencia en derecho de la construcción y resolución de disputas, ofreció una perspectiva normativa sobre la JRD y su evolución hasta la actual ley general de contrataciones públicas.
Al respecto, el doctor Gustavo Paredes Carbajal ofreció un panorama histórico sobre la evolución de las Juntas de Resolución de Disputas (JRD) en Perú, subrayando que examinar la historia ayuda a comprender el presente y anticipar el futuro. Destacó que Perú se convirtió en un líder regional en gestión de conflictos, comenzando con los primeros artículos sobre Dispute Boards hace quince años y con la importante contribución del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos bajo César Guzmán. Inicialmente, la JRD fue incorporada a la normativa peruana a través de una modificación en la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas en 2013, antes de ser incluida en la Ley de Contrataciones Públicas en 2014.
A pesar de que la normativa inicial enfatizó la función resolutiva de las JRD, la práctica demostró la importancia de su función preventiva, especialmente en proyectos emblemáticos como los Juegos Panamericanos 2019. Aunque la Ley General de Contrataciones Públicas introdujo mejoras con el cambio de nomenclatura a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, el énfasis en la función resolutiva sigue predominando. Paredes Carbajal expresó la esperanza de que el próximo reglamento aborde desafíos como la demora en la firma del contrato tripartito y regule aspectos cruciales para mejorar la eficacia de las JRD, reflejando el compromiso de Perú con las mejores prácticas en la gestión de conflictos.
Seguidamente, la Dra. Ulloa pasó a presentar a la ingeniera María Luisa Cáceres Bedoya. La ingeniería Cáceres es una destacada ingeniera civil con un MBA y un Máster en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá en Madrid, así como una maestría en Gerencia Social por la PUC. Con 20 años de experiencia en construcción, ha ocupado roles cruciales como gerente de proyectos y de gestión contractual en diversos proyectos de infraestructura, incluyendo la Videna Panamericana 2019 y hospitales. También ha sido gerente del primer Facility Management Panamericano y asesora en Claims y Arbitrajes de Construcción con el Estado.
Cáceres es miembro de varias organizaciones profesionales, incluyendo la Sociedad de Derecho a la Construcción y el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Ankagua Internacional. En su intervención, destacó la importancia de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) en la gestión de proyectos y la prevención de controversias. Criticó la falta de eficacia de algunas de las prácticas actuales y propuso que la nueva legislación debería enfocarse en la prevención y resolución eficiente de disputas.
Resaltó la necesidad de una comunicación efectiva y habilidades blandas en la resolución de conflictos y enfatizó que el éxito en la gestión de proyectos no debe ser visto como un negocio, sino como un compromiso con el desarrollo del país. Cáceres también propuso que los profesionales deben ser evaluados y medidos en su desempeño para asegurar la calidad y efectividad en la resolución de disputas.
El ingeniero Luis Fukunaga Mendoza, un destacado profesional con más de 30 años de experiencia en ingeniería, construcción y asociaciones público-privadas (APPs), fue presentado a continuación. Fukunaga cuenta con un MBA y un máster en Project Management y concesiones, así como certificaciones en contratos FIDIC y NEC. Ha realizado estudios de posgrado en España, Estados Unidos, Japón y Perú. Su experiencia incluye trabajo en empresas internacionales líderes y roles como presidente y miembro de Juntas de Adjudicación de Disputas (DAPS) y Juntas de Resolución de Disputas (JRD) en proyectos en Perú, Latinoamérica y África. Además, es docente de posgrado y expositor frecuente en eventos relacionados con JRD y DAPS en la región.
El ingeniero Luis Fukunaga compartió su experiencia y enfoques clave para el éxito de las Juntas de Resolución de Disputas (JRD) y los Dispute Adjudication Boards (DAPS). Agradeció al CARC y a la doctora Silvia Rodríguez por la invitación, y expresó su satisfacción por compartir el evento con otros profesionales destacados. Su intervención se alineó con las ideas discutidas previamente por Gustavo y María Luisa, enfocándose en la importancia de la prevención de conflictos desde el inicio del proceso.
Fukunaga subrayó que, aunque la función resolutiva es importante, el objetivo principal debe ser la prevención. Para ello, es crucial establecer un ambiente de confianza y colaboración, lo cual se logra a través de una respuesta rápida, disponibilidad constante y un profundo conocimiento del proyecto. También destacó la necesidad de mantener un marco ético, independiente e imparcial para ganar la confianza de las partes, así como la importancia de habilidades blandas como la capacidad de escuchar y comunicarse efectivamente. Además, la cohesión interna del panel y la experiencia en gestión de proyectos son fundamentales para identificar problemas tempranamente y ofrecer soluciones proactivas. Finalmente, motivó a los adjudicadores a ver su rol como una oportunidad para contribuir al éxito de los proyectos y al desarrollo del país, destacando que el éxito de los proyectos aumenta la probabilidad de culminación exitosa y sirve como motivación para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva.
Karina Ulloa Zegarra resaltó la importancia de las habilidades blandas dentro de los Dispute Boards (JRD y DABs), no solo en la relación entre adjudicadores y las partes, sino también en la interacción interna de los miembros de la Junta. Mencionó que en su rol como administradores de JRD, han identificado la necesidad de capacitar a los adjudicadores en habilidades blandas, con el objetivo de mejorar la función preventiva y de resolución de disputas. Además, adelantó que en octubre lanzarán un programa especializado para el desarrollo de estas competencias.
El ingeniero Augusto Gutiérrez Zuzunaga, con más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura pública y miembro de varios Dispute Boards, compartió su perspectiva sobre la coexistencia entre las Juntas de Resolución de Disputas (JRD) y los Dispute Adjudication Boards (DABs). Gutiérrez inició su participación describiendo su experiencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde fue Project Manager bajo un contrato NEC (New Engineering Contract). A pesar de su falta de experiencia previa con DABs, destacó la importancia de esta herramienta para mediar y resolver disputas en proyectos de construcción complejos.
En su intervención, subrayó la evolución de los DABs en el Perú desde 2017, cuando se empezaron a implementar en proyectos de gran envergadura, como los de la ARCC y los hospitales PRONIS. Gutiérrez resaltó que estos mecanismos siguen siendo esenciales para grandes contratos de infraestructura y que su utilización es cada vez más frecuente.
Finalmente, Gutiérrez planteó una reflexión sobre los contratos estándar, como FIDIC y NEC. Mientras que FIDIC ha desarrollado los DABs como una herramienta clave para la resolución de disputas, el NEC confía más en el rol del Project Manager para resolver problemas sin necesidad de llegar a la intervención de un DAB. Sin embargo, reconoció que ambos tipos de contratos y mecanismos de resolución de disputas seguirán coexistiendo, cada uno con sus particularidades y desafíos.
Para concluir con la mesa, los ponentes procedieron a dar sus conclusiones sobre los temas propuestos, donde Gustavo Paredes indicó que, en el proceso evolutivo, hemos pasado de considerar los mecanismos de resolución de disputas como simples métodos a verlos como herramientas de gestión contractual esenciales para el dinamismo de los proyectos. Destacó que la asistencia informal es crucial para prevenir el estrés del proyecto y que los Dispute Boards deben ser vistos como herramientas de gestión de proyectos, lo que lleva a exigir prevención y eficiencia en la gestión.
Por su parte, Cáceres subrayó la importancia de la confianza en la labor adjudicadora, utilizando la regla de oro: «Trata a los demás como te gustaría que te traten». Insistió en la necesidad de respeto, comunicación y escucha. Además, recomendó leer sobre la neurociencia para mejorar en el trato con clientes y en la función de JRD. Terminó con una cita inspiradora de Martin Luther King sobre la fe y el cambio, animando a todos a hacer cambios significativos en su práctica.
Fukunaga cerró reforzando la idea de que los adjudicadores tienen una gran oportunidad para contribuir al desarrollo del país al cerrar brechas de infraestructura. Enfatizó la importancia de la capacitación y el aprendizaje continuo, y destacó la humildad como un valor esencial. Aconsejó no dormirse en los laureles y siempre buscar oportunidades de mejorar. Asimismo, Gutiérrez apoyó las ideas de sus compañeros y añadió que todos debemos creer en las herramientas y desarrollarlas. Mencionó que, aunque Perú se ha convertido en un centro de excelencia en estos temas, es crucial seguir preparándose y actuando para que estas herramientas funcionen bien. Animó a todos a colaborar y contribuir al desarrollo de estas herramientas.
Finalmente, Ulloa agradeció a todos los participantes y resaltó que, aunque ya hay ocho años de experiencia con JRD en Perú, queda mucho por hacer. Expresó la esperanza de que, con el nuevo reglamento de la ley, se enfoque no solo en el nombre, sino en la importancia de la prevención y el desarrollo de habilidades que fortalezcan la función de la JRD. Concluyó destacando que el futuro éxito del mecanismo dependerá de estos esfuerzos continuos.
El moderador presenta la Mesa 6, centrada en las buenas prácticas y lecciones aprendidas en arbitrajes con el Estado, destacando la experiencia y especialización de la doctora Salomé Reynoso Romero. Ella comienza reflexionando sobre la evolución de las discusiones en torno al arbitraje en Perú, señalando que, a pesar de años de debate, las mismas preocupaciones sobre buenas prácticas siguen vigentes. Reynoso plantea la necesidad de evaluar si estas prácticas se han implementado realmente o si solo se habla de ellas sin resultados concretos.
La primera ponente, Irma Rivera Ramírez, resalta la importancia de las buenas prácticas en el arbitraje, señalando que pueden derivarse tanto de normas obligatorias como de aquellas que se adoptan de manera voluntaria. Rivera se enfoca en dos deberes transversales fundamentales: la debida diligencia en la elección de árbitros y el deber de revelación de información. Argumenta que una correcta selección de árbitros basada en la idoneidad y transparencia puede evitar problemas futuros, como recusaciones.
Seguidamente, la doctora Salomé Reynoso subrayó que el deber de revelación había sido considerado durante muchos años como una piedra angular en las buenas prácticas del arbitraje. No obstante, las discusiones sobre la transparencia y la imparcialidad de los árbitros seguían siendo temas vigentes, lo que resaltaba la necesidad de fortalecer estos aspectos. Reynoso enfatizó que tanto la debida diligencia como el deber de revelación no solo eran herramientas de transparencia, sino también garantías esenciales para preservar la confianza en el proceso arbitral. Por lo que, le pregunta a la doctora Irma Rivera si ¿Se ha logrado institucionalizar una buena práctica en este aspecto en el Perú o seguimos enfrentando desafíos para asegurar que las deliberaciones se realicen de manera coherente con los principios de imparcialidad y eficiencia?
La doctora Irma Rivera explicó que, según la Real Academia Española, deliberar implicaba considerar detenidamente los pros y los contras antes de tomar una decisión. Rivera argumentó que, en tribunales con más de tres árbitros, era crucial crear condiciones que permitieran un intercambio de opiniones y revisiones exhaustivas de las pruebas antes de adoptar una decisión. Afirmó que la deliberación debería ser participativa y confidencial, y que el objetivo no era necesariamente alcanzar un consenso, sino tomar decisiones fundamentadas. Rivera compartió buenas prácticas tanto desde un punto de vista sustancial como procedural. En el ámbito sustancial, destacó la importancia de la participación activa de todos los árbitros y el intercambio de información relevante durante las deliberaciones. Además, subrayó que la confidencialidad y la igualdad de trato entre los árbitros eran aspectos fundamentales a considerar. En cuanto a la procedimentalidad, mencionó que la deliberación no debía buscar unanimidad, sino que debía enfocarse en la sustancia de la decisión, siendo cuidadosos con la presentación de votos disidentes para evitar anticipar futuros recursos de anulación. Finalmente, Rivera enfatizó que las deliberaciones debían contribuir a resolver las controversias de manera definitiva y sustentada, asegurando el cumplimiento de los principios legales del arbitraje.
Continuando con la discusión, la moderadora indica que una mala práctica común en el arbitraje la deliberación que se realiza solamente cuando se aproxima el plazo para emitir el laudo. Esta situación, que se observaba frecuentemente, generaba problemas y votos disidentes debido a la falta de preparación anticipada. Se destacó la importancia de iniciar las deliberaciones desde el comienzo del arbitraje, en lugar de esperar a que el presidente o algún miembro del tribunal arbitral presentara el proyecto al final. Esta práctica, si se cambiara, podría mejorar significativamente el proceso arbitral al permitir una resolución más fluida y menos conflictiva al momento de emitir el laudo.
A continuación, se presentó a la doctora Romina Segura Molina, asociada principal del estudio Echecopar y asociada a Baker & McKenzie International, con una destacada trayectoria en derecho de la construcción y mecanismos de resolución de controversias. La doctora Segura, quien cuenta con un máster en dirección en construcción y 15 años de experiencia en arbitrajes, especialmente con el Estado, fue invitada a responder dos preguntas.
La primera pregunta abordó la doctora Romina Segura fue la evolución en la organización de las actuaciones arbitrales en contrataciones con el Estado. Se mencionó que, la evolución del arbitraje en contrataciones con el Estado, destacando las importantes transformaciones en la organización de las actuaciones procesales a lo largo de los años. Inicialmente, el arbitraje en este ámbito era significativamente más rudimentario, con procedimientos menos estructurados y una menor atención a la eficiencia y las buenas prácticas. Sin embargo, Segura destacó que la transición hacia prácticas más refinadas se ha reflejado en los reglamentos de arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, con actualizaciones en 2012, 2017 y 2023, cada una incorporando mejoras en términos de gestión y transparencia.
La doctora Segura enfatizó que, a pesar de estos avances, aún persisten desafíos en la aplicación efectiva de las buenas prácticas en arbitraje. Aunque los reglamentos modernos promueven principios de eficiencia, economía procesal y conducta adecuada de las partes y árbitros, la práctica revela que se pueden hacer mejoras adicionales. En particular, subrayó que la necesidad de una gestión eficiente del tiempo y los costos sigue siendo crucial, especialmente en el contexto de arbitrajes con el Estado, donde el arbitraje se mantiene como el último recurso para la resolución de controversias.
Segura también abordó la cuestión de las pruebas en los procedimientos arbitrales. Indicó que los reglamentos han evolucionado para exigir una mayor claridad en la presentación de pruebas, como la necesidad de explicar la relación de las pruebas con la controversia. No obstante, observó que esta práctica aún no se ha consolidado completamente, y que a menudo existe una dilación en la valoración de las pruebas por parte de los árbitros. Según Segura, esta dilación puede prolongar innecesariamente el proceso arbitral, lo que contraviene el objetivo de lograr resoluciones rápidas y eficientes.
En conclusión, la doctora Segura manifestó que, aunque las buenas prácticas en arbitraje están bien definidas en los reglamentos y reflejan un avance significativo, aún queda un espacio considerable para mejorar su aplicación. La continua adaptación y el cumplimiento riguroso de estas prácticas son esenciales para garantizar la eficacia y eficiencia del arbitraje, especialmente en los casos que involucran al Estado como parte.
Finalmente, Salomé Reynoso enfatiza la importancia de utilizar el calendario procesal en los arbitrajes para evitar retrasos innecesarios y erradicar malas prácticas como la constante reprogramación de audiencias. Aunque los reglamentos incluyen esta herramienta, no se está implementando con la frecuencia deseada, lo que afecta la agilidad del proceso arbitral.
Por su parte, Julio Martín Wong Abad, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén, y profesor en la PUCP, UPC y la Academia de la Magistratura, reflexiona sobre la evolución de la jurisprudencia comercial en el Perú desde 2005. Destaca la especialización de las salas comerciales en temas de arbitraje, aunque señala que este conocimiento no se refleja de manera uniforme en todo el país, especialmente en provincias. Propone la unificación de criterios entre las diferentes cortes a través de un Congreso Nacional que involucre tanto a jueces de Lima como del interior.
Entre los temas relevantes abordados por las salas comerciales, Wong destaca la potestad de los árbitros para juzgar la necesidad de cumplir con cláusulas escalonadas, así como la correcta valoración de la prueba pericial. Además, menciona el poder de los árbitros para introducir argumentos de derecho no propuestos por las partes, siempre respetando la congruencia de los hechos y petitorios.
Sin embargo, Wong identifica problemas críticos en el sistema, como el hecho de que, en casos de caducidad, las salas comerciales tienen la última palabra en lugar de los árbitros, lo que genera tensiones en controversias de contratación pública. Además, critica la interpretación restrictiva de las salas comerciales sobre la flexibilidad de los plazos contractuales en comparación con los plazos procesales.
A continuación, se presenta al último panelista, el doctor David Ortiz Gaspar, quien posee un máster en Arbitraje Comercial e Inversiones por la Universidad de Alcalá en España y es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente, el Dr. Ortiz se desempeña como procurador público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La experiencia del Dr. Ortiz en procesos arbitrales y derechos de la construcción es notable. El papel del MTC en el arbitraje de contrataciones públicas es crucial, ya que se entiende que maneja una carga procesal arbitral significativa. Conocer cómo ha avanzado la implementación de buenas prácticas en el MTC a lo largo de los años y qué prácticas actuales se destacan como ejemplos de consolidación de estos principios en el arbitraje será fundamental para mejorar continuamente el proceso arbitral.
Se le formularán al Dr. Ortiz dos preguntas: la primera se refiere a cómo ha evolucionado la implementación de buenas prácticas en el MTC y qué prácticas actuales se destacan como ejemplos de consolidación de estos principios. La segunda pregunta indaga sobre las lecciones aprendidas, pidiendo al Dr. Ortiz que comparta los mayores aprendizajes de la Procuraduría en el manejo del arbitraje sobre contratación pública y cómo estas lecciones han contribuido a mejorar la forma en que el Estado aborda los conflictos en este ámbito.
Durante su intervención, el doctor David Ortiz Gaspar compartió siete buenas prácticas implementadas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las cuales han demostrado ser efectivas en la defensa de los intereses del Estado en arbitrajes relacionados con infraestructura. A continuación, se resumen y destacan estas buenas prácticas:
Estas buenas prácticas han contribuido significativamente a la mejora de la defensa jurídica del Estado, evidenciado por una tasa de éxito de entre el 73% y el 75% en los casos arbitrales gestionados por la Procuraduría.
Finalmente, el XVIII Congreso Internacional de Arbitraje y Mediación JRD concluyó con las palabras de Karina Ulloa, quien destacó la satisfacción de haber compartido el evento con expositores, panelistas y asistentes durante los tres días, resaltando que el congreso, celebrado cada septiembre, coincide con el aniversario de 25 años del CARC PUCP. A lo largo del congreso, se abordaron temas importantes, como la responsabilidad de los árbitros, la influencia de la inteligencia artificial, los desafíos para las instituciones arbitrales, la normatividad en Perú y la mejora continua en la gestión de disputas. Ulloa agradeció a todos los involucrados y los invitó al próximo congreso, que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre del año siguiente.
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