El lunes 11 de septiembre del 2023 se inauguró el XVI Congreso Internacional de Arbitraje + JRD, organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP. La directora del Centro, Marlene Anchante Rullé, dio la bienvenida y presentó el programa.
La directora relató lo satisfactorio que es volver a la modalidad presencial luego de haber realizado las últimas tres ediciones del Congreso en modalidad virtual debido a la pandemia del COVID-19. Invitó, además, a una reflexión sobre los avances y desafíos que el Centro ha enfrentado durante estos últimos tres años. Resaltó, sobre todo, la transformación del servicio de Arbitraje la cual se ha concentrado en tres elementos que interactúan entre sí: las personas, los procesos y la tecnología. Mencionó la firme decisión de continuar administrando los procesos de arbitraje de manera virtual, lo cual no solo ha exigido desarrollar herramientas tecnológicas que se van mejorando conforme a las necesidades de los usuarios, sino también automatizar procesos para mejorar eficiencia y productividad
Mencionó que en la actualidad, producto del camino iniciado en la transformación digital, los usuarios del servicio de arbitraje pueden presentar sus solicitudes en una mesa de partes virtual, pueden participar en audiencias en modalidad remota, ser notificados virtualmente, entre otros, y los operadores del servicio, los árbitros, los peritos, los abogados de parte pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Asimismo, como parte del sistema de gestión antisoborno, este año se ha implementado el portal de transparencia de datos Arbitraje PUCP, en el cual se encontrará información desde el primer arbitraje que se ha gestionado en el año 2002 hasta la fecha.
La Directora finalizó su presentación mencionando que el Centro tiene la misión de contribuir a una cultura de paz y que el Congreso fortalece la misión institucional, propiciando este foro académico y profesional cuyos protagonistas han sido elegidos cuidadosamente y son una muestra representativa de los expertos en arbitraje y junta de resolución de disputas que hay en nuestro país.
Luego, la Doctora Laura Gutiérrez, agradeció, en nombre del organismo supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE), por la invitación al décimo séptimo congreso de arbitraje internacional, ya que considera que es un espacio en el cual nos permite acercarnos como actores protagónicos en el fortalecimiento de una institución jurídica como es el arbitraje.
MESA I: Problemáticas actuales del arbitraje internacional y ¿nuevos desafíos?
La presente mesa inició con las palabras de bienvenida del doctor Gonzalo García Calderón, quien fue el moderador de esta mesa. Presentó el tema sobre el financiamiento del arbitraje por parte de terceros e introdujo a la doctora Elvira Martinez quien explicó cuáles son sus expectativas respecto a la participación o no de estos terceros financistas en los procesos arbitrales y si cabe evidentemente incorporar a estos dentro del artículo 14 de nuestra legislación y dentro del marco del arbitraje internacional. El tema giró en torno a las preguntas: ¿Qué hace el financista de arbitraje? ¿Qué derechos tiene el financista? ¿El financista debe ser considerado como Parte No Signataria?
Prosiguiendo con el programa, se dio paso al Dr. José Tam, quien desarrolló el tema de las cláusulas escalonadas las cuales son un mecanismo absolutamente recomendado por las principales instituciones arbitrales del mundo, pero que nos genera varias cuestiones. La primera es sobre “conciencia”. Como toda cláusula en un contrato, las partes tienen que estar conscientes de lo que están pactando. Y en las cláusulas escalonadas da la impresión que esa conciencia no es absoluta. Habló, además, sobre una serie de errores conceptuales con el término “procedimiento previo al arbitraje”, pues provoca una serie de equivocaciones. Asimismo, parte de su intervención, respondió a la pregunta realizada por el Dr. Gonzalo García: ¿Es necesario o no agotar estas cláusulas escalonadas y si esto, de no hacerse, es causal de anulación de los lados arbitrales que no han seguido o no han guardado este acuerdo expresado en los contratos?
La Dra. Irma Rivera fue nuestra tercera panelista, quien desarrolló el tema del arbitraje y tecnología, herramientas en permanente y constante evolución. Resaltó que hoy en día hablamos de una nueva generación de conflictos. Las cuales se presentan a nivel internacional y que necesitan resoluciones rápidas y eficientes. Asimismo, menciona que la tecnología ha implicado para todos nosotros, ya sea como árbitros apoderados de parte y aún para nuestros clientes, que se generen nuevas habilidades, nuevas formas de ver el derecho y nuevas formas de ver esas controversias que tienen que ser resueltas. Destaca cómo la pandemia ha acelerado el uso de tecnologías en la resolución de disputas y cómo esto ha generado nuevos retos y preocupaciones en la seguridad de la información y el derecho a la presencialidad en audiencias virtuales. También nos explica cómo la tecnología ha impactado el arbitraje como método alterno de resolución de controversias y la importancia de poder gestionar y procesar la gran cantidad de información que se presenta en los procedimientos arbitrales.
Como último ponente de la mesa, el Dr. Ricardo Ampuero desarrolló el tema sobre el balance de la jurisprudencia en el CIADI respecto a la caducidad de contratos de concesión por razones de interés público. Mencionó que los árbitros en estas instancias entienden que es importante promover un desarrollo uniforme del Derecho y, por lo tanto, se basan en otras decisiones para explicar por qué estamos en las mismas circunstancias y, por lo tanto, se justifica tomar una decisión similar o en este caso existen razones distintas que justifican apartarse de este tema. También explicó lo que pasa cuando se toma la decisión de caducar un contrato por razones de interés público y el primer instinto del inversionista de reclamar sobre la base de estándares de protección.
MESA II: Las actuaciones arbitrales desde el punto de vista procesal
El moderador, Alfredo Soria Aguilar, explicó que esta mesa girará en torno a la pregunta: ¿es el arbitraje un proceso? y dio paso al Dr. Santiago Pereira y también le propuso si en primera instancia podría dar una breve explicación del trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Arbitraje y por qué una ley modelo de arbitraje para iberoamérica.
Presentó algunas ideas sobre la reciente ley modelo de arbitraje aprobada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y mencionó los códigos modelos que han sido aquellos códigos que han orientado las reformas procesales en Iberoamérica tanto en el área procesal civil, en el área procesal penal, en el área administrativa y más recientemente el área de los procesos colectivos. Asimismo, mencionó cómo se empezó a trabajar en el arbitraje con la idea de generar un diálogo entre el mundo del derecho procesal y el mundo del arbitraje. Destacó, de igual forma, que el Instituto trata de establecer lazos que permitan extraer lecciones aprendidas del mundo del arbitraje que podamos llevar al mundo del proceso judicial y a su vez lecciones del proceso judicial que se puedan trasladar al mundo del arbitraje.
A continuación, el Dr. Martin Wong, mencionó que es interesante la idea del Dr. Pereira de que el arbitraje también es un proceso y que a través de la motivación podemos detectar las lesiones que ha sufrido el derecho de defensa. En el arbitraje la motivación nos sirve muchísimas veces para detectar problemas y lesiones al derecho de defensa. También le formularon la pregunta: ¿Cuál es el avance con respecto al estándar de la motivación? Lo cual respondió que es bueno que se discuta sobre la motivación porque de esa manera vamos a ir construyendo estándares y se sabrá qué reclamar en determinados casos.
El tercer panelista fue el Dr. Giovanni Priori, quien comentó sobre las medidas cautelares en el arbitraje y su intervención giró en torno a la pregunta: ¿Cuál es el alcance de la tutela cautelar en el arbitraje? Priori mencionó que el rol que cumple la tutela cautelar en el arbitraje es garantizar que aquella parte que demandó pueda ver en el mundo de los hechos realmente satisfecho su derecho. Lo cual tiene que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva que también debe de ser garantizado en el arbitraje.
Finalmente, el Dr. David Ortiz desarrolló el tema sobre el arbitraje de emergencia. La consulta fue la siguiente: ¿el arbitraje de emergencia es aplicable en las disputas que involucran a entidades públicas? Para responder a la pregunta el doctor desarrolló un análisis sobre cómo se ha incorporado la figura del arbitraje de emergencia en Latinoamérica y, sobre todo, en Perú. Nuestro ponente nos comentó que ha podido observar que los principales centros de arbitraje del Perú han tomado como referencia el reglamento de arbitraje de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) del año 2012. En consecuencia, me pregunto: ¿Se habrá tomado en cuenta los anteriores antecedentes que sustentaron la incorporación del arbitraje de emergencia, sobre todo cuando involucra al Estado y las entidades públicas? Es importante tener en cuenta esta pregunta.
MESA III: La aplicación de los Dispute Boards en el Perú: “¿Qué nos falta para consolidarlo?
Esta mesa inició con las palabras de bienvenida a cargo del moderador Jaime Gray, quien presentó a los ponentes que lo acompañaron.
La primera ponencia estuvo a cargo de Lupe Bancayán, quien abordó el tema de Gestión de Mecanismos. Respecto a esto, mencionó que su exposición se dedicaría a probar cómo los Centros de Administración pueden contribuir y darle valor al mecanismo de los Dispute Boards. Seguidamente, inició contando la historia de los Dispute Boards en el Perú y el papel que tuvo el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos en su implementación, ya que fuimos el primer centro que administró un caso de JRD en el Perú.
Posteriormente, mencionó que uno de los principales problemas de la aplicación de los Dispute Boards en el Perú es que se ha perdido la característica de prevención del mismo. Para esto, planteó 4 maneras en las que el Centro puede contribuir a mejorar esta situación: Agilizar el proceso de conformación, brindar educación a las partes involucradas, respaldo institucional y reducir costos.
La segunda ponencia estuvo a cargo de José Manuel de la Colina, quien abordó el tema de Inconvenientes y Aprendizajes en la aplicación de las Juntas de Resolución de Disputas. Inició mencionando que el trabajo de los adjudicadores es preocuparse y cuidar al proyecto ya que, al trabajar en obras públicas, los beneficiarios de estas obras son los ciudadanos. Seguidamente, habló de un caso relacionado a la actualización de un software en una entidad pública. En el mismo, surgió un problema ya que había un equipo en el que no se podía instalar dicho programa porque este era obsoleto. La entidad se negó a hacer el cambio y se inició un proceso de un año, luego del cual, finalmente se pudo actualizar el programa. Sin embargo, esto trajo mayores complicaciones ya que el proyecto estaba estimado para realizarse en un año y medio.
Otro tema que mencionó es que las personas suelen ver a los adjudicadores como un Tribunal, lo cual complica la posibilidad del diálogo y las negociaciones.
En tercer lugar, Maria Eliana Rivarola expuso sobre “Lo bueno, lo malo y lo feo” de los Dispute Boards. Inició su ponencia mencionando que existe una gran cantidad de expedientes técnicos malos, la influencia de la geografía y el papel de las autoridades en el tema de Contrataciones.
Con respecto a lo bueno, menciona que las DAB y los JRD “ayudan bastante” a la ejecución de las obras. Esto debido a que se hace un seguimiento desde el inicio de la obra y se tiene bastante conocimiento sobre la misma. Asimismo, hizo un breve paréntesis para mencionar que actualmente, las partes no suelen informar sobre los avances, a menos que se les solicite.
En cuanto a lo malo, señala que los funcionarios que atienden DAB’s vienen con el chip de la Ley de Contrataciones con el Estado y con el del susto a la Contraloría. Otro punto malo que menciona es no tener una Secretaría. Esto debido a que gestionar un DAB conlleva muchas tareas y responsabilidades, que no siempre se pueden cumplir satisfactoriamente. Un tercer problema es que, “al no existir un solo criterio para determinar los honorarios, no hay una predictibilidad de los costos finales de un DAB”. El cuarto punto malo que se menciona es que existe la creencia que los funcionarios que manejan las Juntas de Resolución de Disputas, deben saberlo todo, cuando no es así.
Finalmente, con respecto a lo feo, alude que hay Partes que no pagan.
En cuarto y último lugar, Ignacio Palacios respondió a la pregunta ¿Qué queda para consolidar los Dispute Boards en el Perú?. Para él, existen dos motivos: Tiempo e Inversión.
En cuanto al tiempo, menciona que “un producto de calidad es el que va a permanecer en el tiempo y es la única manera de proteger al método”.
En cuanto a la inversión, explica que esta debe ser integral. Principalmente, deben invertir en sí mismos porque “su carta de presentación es su calidad e integridad”; siendo un indicador de integridad un bajo número de decisiones emitidas. Por otro lado, menciona que los empleadores deben invertir en buenos adjudicadores.
Concluye volviendo a mencionar el tema del tiempo, ya que este mecanismo es muy flexible pero, en el Perú existen muchas limitaciones y normas, debido principalmente a la novedad del método.
Mesa IV: Cambios imprescindibles para una nueva Ley de Contrataciones del Estado
Esta mesa inició con las palabras de bienvenida de la moderadora Silvia Rodríguez, quien presentó a los ponentes. Asimismo, comentó que específicamente se centrarán en el Proyecto de Ley 5472-2022.
El primer ponente de la mesa fue Ricardo Rodríguez, quien inició agradeciendo al Centro por la invitación. Posteriormente, comenzó con su presentación, recalcando que se han logrado significativos avances en el terreno normativo, sin embargo, aún quedan pendientes por atender.
Continúa mencionando que existen dos marcos o sistemas bajo los que se desarrolla la Inversión Pública: El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada (SNPIP).
Seguidamente, revela que existen 1826 obras paralizadas, las cuales tienen un monto superior a los 24,000 millones de soles. De estas, 1700 son por contrata, representando un aproximado de 17,000 millones de soles. Otro dato preocupante que menciona es que funcionarios con conductas de corrupción han generado al país un perjuicio económico que supera los 24,000 millones de soles. Sobre esto, reflexiona que las personas debemos entrar en conciencia que este dinero mal utilizado, también es nuestro y debemos cuidarlo como tal.
Finaliza su ponencia, recalcando que es importante la educación y capacitación de los sectores público y privado en el que se resalte la importancia del entendimiento del marco colaborativo, legislar y reglamentar el control concurrente de la Contraloría, evitar “peruanizar” los contratos y que toda compra pública sea visualizada en torno al objetivo.
El segundo ponente fue Ricardo Gandolfo, quien abordó el tema del arbitraje de las prestaciones adicionales. En su presentación, buscó recomendar unas modificaciones en el Proyecto 5472/2022-PE. Dicha ley menciona que las prestaciones adicionales no pueden ser llevadas a Arbitraje, Junta de Resolución de Disputas o a ningún mecanismo de solución de controversias.
Los primera propuesta de cambio que menciona es que todas las prestaciones adicionales, tanto las no aprobadas, como las aprobadas parcialmente por la Entidad sí deberían ser llevadas a Arbitraje o a Junta de Resolución de Disputas, debido a que de no permitirse a esto, significa que la palabra de la Contraloría es final, y esto quita el principio de la separación de sectores.
Es por esta razón que como segunda propuesta, agrega a la Contraloría, para recomendar que todas las prestaciones adicionales puedan entrar a Arbitraje o a Junta de Resolución de Disputas ya que todas deben tener el mismo tratamiento.
La tercera ponencia estuvo a cargo de Magali Rojas, quien expuso sobre las mejoras, ejecutabilidad y eficiencia de los mecanismos de solución de controversias. Inicia recordando que los mecanismos de solución de controversias se encuentran en una cláusula de los contratos, en la cual, las entidades asumen un compromiso. Sin embargo, estas no “hacen su tarea” y por esta razón, las conciliaciones son una “mera formalidad”
Ejemplifica esto mencionando que existen varias ocasiones en las que los laudos no se respetan y las entidades no pagan lo que prometieron, y solo se limitan a poner excusas.
Por otro lado, también menciona que esto ocurre porque a los peruanos “nos gusta que nos impongan las reglas con sanciones”. Esto está más dirigido a la Entidad porque cuando gana el contratista lo “hacen padecer”.
Para resolver esto, propone que se debe presentar un análisis de costo-beneficio al centro de Conciliación. En segundo lugar, menciona que el tema de los pagos debe estar regulado. En tercer lugar, el Ministerio de Justicia o el Organismo regulador de las Contrataciones con el Estado, debe autorizar cuáles son los Centros de Arbitraje que pueden otorgar medidas cautelares.
La cuarta y última ponencia estuvo a cargo de Maria Hilda Becerra, quien habló de las respuestas urgentes de los Centros de Arbitraje. Inicia mencionando que, a pesar de todos estos años, aún estamos olvidando “lo básico”. Menciona esto porque solo se puede acceder a un árbitro sólo si hay un acuerdo de voluntades y además, si la ley lo permite. Por otro lado, los Centros de Arbitraje “no tienen atribuida la jurisdicción solo por llamarse Centros de Arbitraje”.
Para explicar esto, presentó 3 casos. El primero fue el caso ElitArbitrum. En el presente, se menciona que las partes acordaron desarrollar el arbitraje con dos Centros: el CARC PUCP y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Sin embargo, una de las partes inició el arbitraje con el centro ElitArbitrum.
El segundo caso fue el de JAKAM. En este, nuevamente se designó como Centro de Arbitraje al CARC PUCP y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. En este caso, una de las partes solicitó un “traslado arbitral” debido a que “no le gustó cómo se gestionó el arbitraje”, a pesar de que ya existían procesos pendientes.
El tercer caso fue “Aviuris”. En este, el contratista acude a este Centro de Arbitraje (que no estaba contemplado por las partes) y menciona que desea cautelar fuera del proceso. A raíz de esto, se designó un árbitro de emergencia que emitió un control difuso de manera unilateral alegando que no se puede utilizar una norma jurídica. Posteriormente, una de las partes solicita que se reconsidere la medida cautelar, pero el Tribunal de la Católica la declara inexistente. Seguidamente, se remite al Ministerio Público, quien responde que debido a que es un tema contractual, no corresponde a su jurisdicción.
Debido a estos problemas, propone que el Estado debe regular a los Centros de Arbitraje, los árbitros y abogados no pueden prestarse a estas situaciones irregulares, los Centros deben actuar conforme a Derecho y el Poder Judicial y el Ministerio Público deben actuar conforme a sus competencias.
Mesa V: La ética en los intervinientes de un arbitraje
El tercer y último día del Congreso inició con la Mesa 5. Esta fue moderada por Ana Teresa Revilla, quien inició la noche mencionando la importancia del tema a tratar: la ética en el Arbitraje. Asimismo, mencionó el hecho que somos el único país que tiene como obligación al Arbitraje en Contrataciones con el Estado, lo cual no solo nos pone de ejemplo, sino hace que nos regulen “con lupa”.
El primer ponente fue Walter Albán, quien inició su presentación mostrando su solidaridad con las personas que integran la Junta Nacional de Justicia por su situación con el Congreso de la República. Seguidamente, menciona que quisiera hablar sobre los Códigos de Ética, en función de los Miembros de un Arbitraje. Haciendo precisión que se enfocará en los protagonistas, siendo estos abogados y abogadas.
Para continuar con este punto, menciona una encuesta realizada por DATUM en la que se cuestionaba cuál es la profesión más deshonesta, cuyos resultados arrojaron que más del 62% consideraba que los abogados eran los más deshonestos. Un segundo estudio que menciona es el de IPSOS, quienes reunieron una serie de 28 países para identificar cuál era la profesión en la que más se confiaba. Los resultados fueron que tanto los abogados, como jueces y políticos ocupaban los últimos lugares en la tabla. Adicionalmente, en este estudio se preguntó en qué país eran peor percibidos los abogados; la respuesta fue en el Perú.
Complementando estas observaciones, mencionó que desde aproximadamente el año 2007, se han implementado nuevos valores en la Facultad de Derecho de la PUCP, pero no solo para carácter formativo, sino que también se busca generar un impacto en la sociedad. En base a esto, se realizó un Código de Buenas Prácticas, el cual fue publicado en el año 2011.
Un segundo avance es que a finales de 2016, se estableció el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Malas Prácticas. En tercer lugar, mencionó que el Tribunal Constitucional decretó que no se puede impedir que el Colegio de Abogados imponga sanciones.
Seguidamente, puso en duda la efectividad de los registros de sanciones de malas prácticas debido al bajo número de profesionales que aparecen en las mismas, dando a suponer que no existe mucha corrupción, cuando no es así.
La segunda ponencia estuvo a cargo de Roxana Jiménez, quien inició hablando de la impunidad que ocurre en nuestro país debido a la corrupción.
A continuación, dio paso a hablar del origen de la ética en los tiempos de los griegos. Siendo la base de ésta que las personas siempre tienen la potestad de decidir hacer las cosas bien. Posteriormente, mencionó la importancia de que los árbitros sean honestos y se capaciten constantemente. Asimismo, también deben tener firmeza, capacidad de decisión, especialidad en el tema, entre otros. Finalmente, concluyó su presentación ejemplificando algunas malas prácticas.
La tercera y última ponencia de la mesa estuvo a cargo de Rocío Molina Escaró. El tema elegido fue la función ética tanto desde los árbitros, como de la función pública.
Una de las primeras cosas que mencionó con respecto a la ética en la función pública es que el OSCE cuenta con una serie de herramientas para evitar el soborno. Con respecto a esto, aseguró que seguirán trabajando con imparcialidad, a pesar de que esto ocasione desacuerdos con personas que actúan bajo intereses personales.
Una frase importante a rescatar es que la ética no es “una guía para contemplar al mundo, sino una guía para la vida”.
JImenez finaliza su ponencia resaltando la importancia de los códigos de ética, ya que gracias a estos se tiene un “marco de conductas deseables”.
MESA VI: Mejorar la preinversión y los expedientes técnicos como clave para cerrar la brecha de infraestructura y reducir las controversias.
El moderador Eric Franco empezó con reflexiones acerca de la corrupción como raíz de muchos de los problemas que existen en el Perú. También mencionó el tema de la corrupción y que los expedientes técnicos no se tocan mucho en los foros académicos, por lo que expresó su gran alegría al poner sobre la mesa temas que no se dialogan con normalidad. Luego, presentó al Dr. Luis Alonso, quien se le mencionó que la problemática sobre la Controlaría, la cual viene mostrando sus informes de obras paralizadas y ha identificado más de dos mil obras paralizadas. Se le preguntó: ¿Consideras que los problemas de formulación de estudio son los causales más relevantes para dicha paralización?
El Dr. Luis Alonso respondió que desde el 2001 hasta el 2021 tenemos más de 213.000 proyectos de inversión que fueron declarados viables, preinversiones hechas; sin embargo, se ha identificado que se tiene más de 125.000 proyectos en los que nunca se ha ejecutado un sol después de su preinversión, se generaron, pero se quedaron ahí, existe entonces una cantidad de recursos y esfuerzo que hay en generar preinversiones, declaradas en algunos casos viables, pero que nunca se ejecutan. Para finalizar, y responder la pregunta formulada por el moderador, Luis nos mencionó que sí cree que una de las causas raíz de la paralización de las obras son las deficiencias en el expediente técnicos, pero que a su vez tienen otras causas raíces que tenemos que ir atacando.
A continuación, al Dr. David Grandez, nuestro siguiente panelista, se le formuló la siguiente pregunta:¿Hace falta ampliar la cartera de proyectos de inversión pública y cuál es la diversidad de proyectos ejecutadas a la fecha? A lo que respondió que existen alrededor de 60.000 proyectos con presupuesto para este año y que estamos en un universo abrumador de proyectos con dinero para ejecutar y muchísimas unidades ejecutoras; sin embargo, el Estado al final de cuentas evidentemente no cuentan con los equipos técnicos para atender esta suerte de proyectos. Existe un problema latente de capacidad de gestión.
Nuestra tercera panelista fue la Dra. Amalia Moreno, quien respondió a la pregunta: ¿Qué parte de todo este tema del expediente le toca al estado y al privado?
La Dr. Moreno mencionó que se ha pensado por muchísimo tiempo que el problema y la calidad de los expedientes técnicos es un problema del Estado, pero también tiene que ver con la calidad de los profesionales. Afirma que se debe de empezar a pensar a largo plazo, ya que existe un problema en el sector público y también en el sector privado. Hay una reciprocidad compartida, hay problemas éticos, de capacitación y de capacidades. Es un problema sistémico. Se debe reforzar la carrera pública.
A continuación, el Dr. David Grandez nos explica sobre el enfoque PMO como política pública la cual es impulsada por el Estado para crear equipos de gestión en las entidades públicas, que implementa buenas prácticas en dirección de proyectos, minimizando riesgos y mejorando capacidad de entrega oportuna de infraestructura de calidad. Asimismo, desarrolló el tema de los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G).
Nuestro siguiente penalista fue el Dr. Justo Cabrera, a quien el moderador hizo el comentario sobre las ideas que surgen y que están en el mercado con relación a la frustración que hay por la deficiencia del cliente técnico, una de ellas es pasar más al método diseño y construcción donde no hay un proyectista y un constructor sino que sea un solo. Que esté integrado. A lo que el Dr. Cabrera explicó que la consultora McKinsey en el año 2017 nos revela que diez veces el monto de la brecha de infraestructura que tenemos en el Perú es lo que se desperdicia anualmente por mala gestión de proyectos. Es decir, típicamente en el mundo se gestionan mal los proyectos de construcción y esa es una alerta especialmente para el Estado. Mencionó también que la industria de la construcción es la que debe liderar toda esta transformación de la brecha de infraestructura, acompañado de la academia y el Estado como gran facilitador.
Por último, nuestro último ponente, Matthew Fitch, reflexionó sobre los contratos. Mencionó la idea de que cuando el Estado, cuando contrata, quiere dirigir y estar muy cerrado en qué opciones puede tomar cada parte. Además, de que existe un problema con las normas. Para ello, sobre todo, desde el involucramiento del gobierno, hay que pensar un poquito en cómo abrimos la ley para permitir estos diferentes tipos de contratos.