El viernes 17 de septiembre, en el tercer día del XV Congreso Internacional de Arbitraje + Mediación y JRD, se realizó la presentación de la mesa: “Últimas tendencias del arbitraje”. Participaron Risteard de Paor, Socio del Estudio Dentons en Madrid; Mariano Castro, viceministro de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente; Clare Connellan, Socia del Estudio White & Case en Londres y José Daniel Amado, socio del Estudio Miranda & Amado. El Dr. Eric Franco fue el moderador de esta mesa.

Las ponencias buscaron analizar la relación entre el arbitraje y los derechos humanos. Asimismo, el cambio climático pues la idea fue explorar el impacto de este último en esas áreas que se relacionan con el arbitraje y que puede ponerse a prueba ante temas que resultan novedosos en la práctica.

El Dr. José Daniel Amado empezó con el tema de “Conflictos Sociales, Derechos Humanos y Arbitraje”, señalando que en los últimos años las controversias se han vinculado directa o indirectamente a conflictos sociales. Ante ello, surge como necesidad la búsqueda de mecanismos de solución de controversias que tengan por objeto la paz social.

En ese sentido, precisó que la solución de muchos conflictos sociales está en el arbitraje. “El arbitraje como un mecanismo de adjudicación de controversias es capaz de producir efectos confiables y exigibles para todos los grupos de interés, incluyendo a las poblaciones afectadas, pudiendo inclinar la balanza”.

La segunda ponente fue la Dra. Clare Connellan, quien expuso “El Arbitraje como medio para resolver disputas relacionadas con Derechos Humanos en el ámbito empresarial”. Los derechos humanos, para la abogada, también deben ir de la mano con el sector privado. “Lo que se debe realizar en el sector privado es prever los reclamos que se puedan plantear a las empresas cuando sus actos u omisiones violan derechos humanos”, señaló.

Ante ello, recalcó el principio rector 31 de la ONU, el cual menciona al arbitraje como aquella vía de reclamo para que los afectados – por el actuar u omisión de una empresa – tengan la oportunidad de tutelar sus intereses.

Asimismo, mencionó, las reglas de la Haya, publicado en el año 2019, para controversias de derechos humanos que involucran a empresas para hacer frente a las circunstancias de los afectados.

Finalmente, subrayó que, “si bien el arbitraje no es la vía más utilizada para los conflictos que guarden relación con derechos humanos, sí debe prepararse este mecanismo para un futuro sobre todo porque se está empezando a utilizar esta forma de resolución de controversias más a menudo”.

El tercer ponente fue el Dr. Mariano Castro, quien desarrolló “La situación del arbitraje en materia ambiental sobre todo en casos de conflictos socio – ambientales”.

“Durante los últimos cincuenta años, se ha venido observando una demanda y necesidad social en donde se buscaba la conservación de parques, reservas naturales o áreas protegidas” anotó. El ponente advirtió además que, las grandes afectaciones a estas áreas verdes han desencadenado una exigencia de protección colectivo y difuso por daños, así como mayores reclamos por la distribución de riesgos y responsabilidad generada por el cambio climático.

Ante ello, mencionó el principio 10 de la Declaración de Río “Desarrollo Sostenible – Naciones Unidas” que establece, que para alcanzar una adecuada solución de las controversias ambientales y climáticas es fundamental que todos participemos en el nivel y condiciones que tiene cada entidad o persona.

En el Perú, para el ponente, se ha evidenciado un proceso de desarrollo en materia ambiental; pero lamentablemente se archivó el acuerdo de Escazú. “Ello carecería de sentido porque dicho acuerdo busca que se contribuya a las capacidades estatales para la prevención y solución de conflictos de índole ambiental. Por lo que, espera que en un futuro se reconsidere dicha decisión”, indicó.

Asimismo, mencionó que “existen limitaciones al laudo arbitral que pueda buscar solución a las controversias en materia ambiental”.

Además, señaló que existen implicancias de los compromisos climáticos en materia arbitral. Por ejemplo, se busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero tales como el carbono.

Finalmente, el Dr. Castro culminó su presentación señalando, “el Perú es un país en donde se considera al arbitraje como un mecanismo que tal vez pueda ser percibido como inalcanzable; pero por ello, es necesario que se den las adaptaciones necesarias para así conseguir una mejor confianza en el aparato de justicia estatal”.

En la última ponencia, fue dirigida por el Dr. Risteard de Paor, quien analizó el tema de “Controversias relacionadas con el cambio climático en el sector comercial”.

La reacción ante el cambio climático – señaló – es algo real. Por ejemplo: la nevada en Madrid y dos disputas a raíz de la tormenta de nieve en Texas.

En ese sentido, indicó que el cambio climático genera estragos económicos y la toma de conciencia del vínculo entre el cambio climático y los estragos económicos es algo reciente. “Actualmente hay varios informes que afirman que hasta la mitad del PBI mundial se va a invertir en los próximos años en costos económicos generados por el cambio climático”.

Ante ello, el especialista indica, que la solución es invertir masivamente en la energía limpia y aplicar la gobernanza experimental en materia ambiental. Esto quiere decir, que los gobiernos tengan que identificar lo que funciona para cada uno y actuar en consecuencia a ello.

Según indicó, se proyecta que hasta el 2050 se tendrá que invertir más de cuatro mil millones por año en obras. En dichas obras de tendrá que incluir cláusulas de arbitraje, de los cuales derivarán por conflictos con los efectos físicos del cambio climático sobre el proyecto.

Por ejemplo, se observa en Chile, con la generación de energía para la creación de hidrógeno o amoniaco cuya exportación hacia Asia sería idónea si tuviera la inserción de un acuerdo de arbitraje en caso surjan incidentes en dicho contrato.

Para el ponente, en la actualidad muchas petroleras venden sus participaciones de manera inesperada y esto puede generar conflictos. Ante ello, como una solución, “es necesario que se permita que todo lo construido se tenga que desmantelar. Puede reciclarse e implementarse una actividad diferente a la prevista”, señaló.

Esto implica mucho la permisión estatal y la comprensión por parte de las entidades públicas para que opten por estas medidas en vez de un cierre definitivo de las actividades cuando esto podría ser de forma gradual.