El jueves 15 de septiembre, en el segundo día del XVI Congreso Internacional de Arbitraje + Mediación y JRD, se realizó la presentación de la mesa: “Mediación en conflictos sociales y socioambientales”.

El moderador de la tercera mesa fue el árbitro y profesor principal en la facultad de Derecho PUCP, César Guzmán Barrón.

Participaron Javier Caravedo, Director Ejecutivo de ProDiálogo; Juan Pablo Schaefer, abogado por la Universidad Católica de Chile y con posgrado en Relaciones Comunitarias, Mediación y Resolución de Conflictos; Patricia Valbuena, abogada y magíster en Género, Población y Desarrollo; y Luis Alvarado, comisionado de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales y de la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Se resaltó la importancia de tratar el tema de los mecanismos de solución de conflictos sociales y socioambientales, donde existe un alto grado de conflictividad e incidencia en el desarrollo de proyectos de inversión en nuestro país.

El doctor Juan Pablo Schaefer inició su ponencia contando su experiencia como mediador de conflictos socioambientales a través de su rol en empresas mineras y de energía; indicó que en Chile, la situación no está tan desarrollada como en el Perú; no obstante, tiene fe en que la creación de paneles de expertos que realicen un acompañamiento de proyectos de inversión para levantar las alertas y recomendaciones de forma oportuna.

Por su parte, la Dra. Patricia Valbuena precisó, que se tendría que empezar por considerar que los acuerdos que involucran un tema presupuestal comprometen recursos del Estado, que en muchos casos tiene poca viabilidad. El primer problema supone que el sector obtenga los recursos adicionales para cumplir con el acuerdo. Segundo, la capacidad de las entidades para la ejecución presupuestal oportuna. Tercero, la barrera de la viabilidad técnica.

Luego de ello, el Dr. Luis Alvarado, indicó que gestionar el cumplimiento de un acuerdo implica tres premisas: a) Los compromisos suscritos en actas se deben cumplir. b) El estado tiene la obligación de ser transparente y rendir cuentas de sus actos. c) El cumplimiento de acuerdos es un acto de prevención de conflictos sociales. Asimismo, el Dr. Alvarado concluye ofreciendo recomendaciones como formalización del acta en los procesos de gestión pública en la PCM, la aprobación de ordenanzas que asignen funciones de coordinación de cumplimiento de acuerdos provenientes de actas, el reporte periodístico del cumplimiento de los compromisos asumidos por el sector de energía y minas y finalmente la asignación de suficiente recurso presupuestal a la defensoría del pueblo para que continúe con la fiscalización correspondiente.

Por otro lado, el Dr. Javier Caravedo nos ofreció su perspectiva desde su experiencia profesional contándonos sobre dos sombreros de la mediación: 1) Pro-diálogo. 2) Secretaría de gestión social y diálogo durante un gobierno de transición.

«Nosotros estamos en una crisis sistémica de institucionalidad que ha podido observase en desde el 2000 hasta la actualidad». Entre el 2011 y 2022 se han registrado un total de 5787 compromisos de los cuales el 45 % están todavía abiertos. El 26 % son proyectos de inversión pública y el 22% de ellos se encuentra concentrado en el Corredor Vial Sur. El gran problema es que el gobierno nacional es responsable del 60 % de acuerdos no concretados siendo el MIDAGRI y la MVCS quienes tienen la mayor cantidad de compromisos abiertos, mientras que las empresas son responsables del 16 %.

Dicho todo ello, la propuesta que ofreció el Dr. Caravedo fue; cambiar el enfoque, pasar de tener un enfoque en el epicentro del conflicto a ser gestionado. Asimismo, propone un enfoque transformativo más que resolutivo, ya que no se trata solamente de preocuparse en el acta, sino de tener una perspectiva de que los procesos requieren niveles de cambio, a nivel de los actores, de las relaciones, de los patrones de interacción y tiene que haber cambios institucionales.

Respondiendo a las interrogantes planteadas, Juan Pablo Schaffer opinó que; primero, se debe fortalecer la justicia ordinaria para que recobre legitimidad; segundo, las empresas deben tener la responsabilidad de cumplir sus compromisos y tercero, las comunidades deben tener buenos líderes sociales para que realmente sean capaces de exigir del cumplimiento, exigirle al Estado, a las empresas y a los gobiernos locales. El rol es de todos y si se fracasa es un fracaso de la sociedad.

Patricia Balbuena, por su parte, señaló que ante un debilitamiento en general de las instituciones públicas la mejor vía es la mediación, la facilitación de los procesos de diálogo. El problema es quién lidera ese proceso de mediación.

El Dr. Guzmán Barrón, concluyó la mesa mencionando, que la mediación sigue siendo el mecanismo, es necesario fortalecer a los actores y es necesario continuar con estas nuevas experiencias.